Bloquear una SIM ya no basta, te contamos cómo el Gobierno quiere frenar las estafas desde las cárceles.
Bloquear un celular dentro de una cárcel parece sencillo hasta que aparece otra SIM, cambia el equipo o la llamada tradicional se convierte en un mensaje por WhatsApp. Esa carrera entre controles y nuevas formas de comunicarse ayuda a explicar por qué el Gobierno prepara un cambio en los protocolos utilizados para frenar estafas y extorsiones telefónicas originadas desde establecimientos penitenciarios.
La estrategia anunciada este 22 de septiembre no consiste únicamente en instalar más inhibidores de señal. MinTIC plantea reducir los tiempos de actuación, identificar con mayor rapidez desde dónde sale una comunicación, mejorar su trazabilidad y aplicar tratamientos distintos a llamadas, SMS y plataformas digitales.
Para eso habrá participación del Ministerio de Justicia, INPEC, operadores móviles, la CRC e incluso se habrían adelantado conversaciones con Meta para abordar servicios como WhatsApp.
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Sin embargo, los nuevos protocolos todavía no han sido publicados en su versión definitiva. Lo que existe por ahora es un conjunto de cambios en preparación sobre el sistema creado por el Decreto 851 de 2024, cuya implementación fue precisamente objeto del debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara.
El primer cambio será bloquear más rápido
Uno de los problemas identificados no está necesariamente en la falta de herramientas legales para bloquear un teléfono, sino en cuánto tarda el sistema en hacerlo.
El procedimiento vigente parte, entre otras fuentes, de las denuncias recibidas por los GAULA. Cuando se identifican números utilizados reiteradamente para fraude o extorsión, los operadores pueden determinar si las comunicaciones se originaron dentro de una cárcel y relacionar esa línea con los identificadores del teléfono y de la SIM. Después, el INPEC y el Ministerio de Justicia pueden solicitar formalmente su bloqueo.
El problema es que ese recorrido puede dejar una ventana considerable para seguir llamando.
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Durante el debate en el Congreso, el ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que actualmente el ciclo entre los reportes y la desactivación puede rondar los 30 días. La propuesta es reducirlo inicialmente a 15 días y posteriormente llevarlo a unos ocho días, según la información presentada durante la sesión y recogida por Colprensa.
En otras palabras, el cambio busca acortar la “vida útil” de una línea identificada como parte de estas operaciones. Porque bloquear un número después de varias semanas sirve de poco si durante ese tiempo ya fue utilizado para contactar a decenas de posibles víctimas.
La ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, explicó que una de las prioridades será precisamente determinar con mayor rapidez de dónde sale la comunicación y qué tecnología está utilizando. La cartera también plantea establecer mesas permanentes con Justicia y construir una línea base que permita medir si las medidas adoptadas están reduciendo realmente las comunicaciones delictivas.
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Bloquear un número no es lo mismo que bloquear un teléfono
Aquí aparece uno de los detalles técnicos más importantes para entender el problema: cuando las autoridades hablan de bloquear comunicaciones desde las cárceles, no existe un único interruptor que apague “el celular del delincuente”.
El Decreto 851 de 2024 contempla actuar sobre diferentes identificadores.
El IMEI identifica al equipo físico, es decir, al teléfono. El IMSI, por su parte, está asociado al módulo SIM o eSIM utilizado para conectarse a la red móvil. También está el número telefónico que vemos normalmente.
La regulación permite que el INPEC, en coordinación con el Ministerio de Justicia, solicite a los operadores el bloqueo tanto del IMEI del dispositivo como del IMSI de la SIM o eSIM vinculados a comunicaciones no autorizadas detectadas dentro de un establecimiento penitenciario.
La diferencia importa. Cambiar la tarjeta SIM no cambia el IMEI del teléfono; mover esa SIM a otro equipo, en cambio, introduce un IMEI distinto. Por eso la estrategia intenta relacionar varias piezas de información en vez de limitarse a incluir un número en una lista negra.
Los operadores también deben contar con bases de datos de comunicaciones no autorizadas que relacionen números telefónicos con IMEI e IMSI. La ubicación de las cárceles se utiliza para parametrizar las redes y detectar comunicaciones móviles originadas en su interior.
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Es un pequeño juego del gato y el ratón, pero con varias puertas: teléfono, SIM, número, ubicación y red. Cerrar solamente una permite buscar otra.
WhatsApp obliga a cambiar las reglas del juego
La situación se complica cuando la comunicación deja de ser una llamada telefónica convencional.
Una llamada de voz tradicional utiliza directamente el servicio del operador móvil. WhatsApp, en cambio, funciona como una aplicación que transmite llamadas y mensajes mediante una conexión de datos. Para el usuario todo ocurre desde el mismo teléfono; para quien intenta impedir la comunicación, son problemas distintos.
Por eso MinTIC anunció que trabaja con Meta y los operadores para establecer acciones diferenciadas frente a aplicaciones digitales. La cartera no ha detallado todavía qué mecanismos concretos utilizará Meta, qué acciones podrán realizarse contra una cuenta ni cuáles serán los tiempos de respuesta.
Esa distinción es importante para no interpretar el anuncio como un futuro “bloqueo de WhatsApp en las cárceles”. Hasta ahora no se ha anunciado algo semejante.
Los mensajes SMS también tendrán su propia línea de trabajo. MinTIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones están estudiando mecanismos que permitan mejorar la identificación del origen, trazabilidad, registro y etiquetado de mensajes utilizados para cometer fraudes o extorsiones.
Ese trabajo coincide con una estrategia antifraude más amplia que la CRC aprobó en julio de 2026. La Resolución 8308 ordena, entre otras medidas, identificar llamadas sospechosas y publicitarias, bloquear llamadas originadas desde numeraciones irregulares y crear sistemas de validación para determinados mensajes empresariales. Son medidas generales para el ecosistema móvil colombiano y no exclusivamente para las cárceles, pero pueden complementar los controles penitenciarios.
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Los inhibidores tampoco solucionan solos el problema
Durante años, buena parte de la conversación sobre comunicaciones desde cárceles ha girado alrededor de los inhibidores: equipos destinados a impedir o limitar el funcionamiento de redes móviles en determinadas zonas.
Pero tener un inhibidor instalado no garantiza que el problema desaparezca.
En enero de 2026, el Ministerio de Justicia reconoció que la infraestructura necesitaba intervención y sostuvo que desde 2012 no se había realizado mantenimiento relacionado con varios de esos sistemas. La cartera anunció entonces trabajos para recuperar el bloqueo de señal en establecimientos penitenciarios.
Hay además una dificultad evidente: las cárceles no están necesariamente aisladas en medio de la nada. Un sistema de restricción debe impedir comunicaciones dentro del establecimiento sin dejar sin servicio indiscriminadamente a viviendas, negocios o personas que estén fuera.
Y existe otro problema mucho más básico: los teléfonos siguen entrando.
En un megaoperativo realizado simultáneamente en los 124 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional el 28 de enero de 2026, las autoridades incautaron 1.320 celulares y 1.700 tarjetas SIM.
Esa fotografía ayuda a entender por qué bloquear señales es solo una parte del rompecabezas. Si continúan ingresando teléfonos, SIM y otros dispositivos, las medidas tecnológicas deben convivir con requisas, inteligencia, investigaciones internas y controles contra quienes facilitan su entrada.
De una celda en Colombia a una víctima en otro país
El alcance del problema quedó especialmente expuesto a comienzos de 2026, cuando autoridades de El Salvador denunciaron una modalidad de estafa telefónica que, según sus investigaciones, utilizaba llamadas originadas desde una prisión colombiana.
El esquema tenía un componente especialmente elaborado. Los delincuentes contactaban a personas dedicadas a oficios como reparaciones o servicios técnicos y las citaban en zonas aisladas. Una vez allí, las llamaban para convencerlas de que habían sido secuestradas por un cartel y les exigían dinero, mientras podían contactar también a sus familiares para reforzar el engaño.
Las autoridades salvadoreñas aseguraron haber identificado más de 375 números internacionales asociados a la organización. Esa cifra pertenece a la investigación de ese país y no representa un conteo general de las extorsiones originadas en las cárceles colombianas.
El episodio llevó al Ministerio de Justicia a anunciar nuevas acciones sobre centros penitenciarios identificados como problemáticos y reforzó una discusión que ahora llega al Congreso: no basta con saber que una comunicación salió de una cárcel; hay que poder detectarla, relacionarla rápidamente con el equipo y la línea utilizada y actuar antes de que simplemente sean reemplazados.
¿Sabías que?
El sistema vigente no bloquea únicamente el número desde el que se hizo una llamada. El Decreto 851 de 2024 permite actuar también sobre el IMEI del teléfono y el IMSI de la SIM o eSIM, de modo que las autoridades puedan atacar tanto el aparato físico como la identidad utilizada para conectarse a la red móvil.
Por eso cambiar de tarjeta no necesariamente devuelve el teléfono al punto de partida. La verdadera dificultad está en detectar esas combinaciones con suficiente rapidez y cruzarlas con la ubicación del establecimiento antes de que los responsables cambien nuevamente de equipo, línea o canal de comunicación.
